¿Derecho al aborto en Bolivia?
Por. P. Miguel Manzanera, SJ
 

Iglesia Viva 26.4.10. Según informa el semanario PULSO (del 11 a 17 de abril de 2010) la comisión encargada de la reforma al Código Penal, adecuándolo a la nueva Constitución Política del Estado, ya terminó sus trabajos. La comisión estaba encabezada por el Ministro de Justicia con un equipo de consultores nacionales y también de expertos internacionales bajo el liderazgo de René Zafaroni, vocal de la Corte Suprema de justicia de Argentina. Se prevé que en el mes de mayo se dé a conocer el informe final después de una reunión en Cochabamba.

Este proyecto de Código Penal trataría de ofrecer una visión latinoamericana del derecho penal en contraposición a la europea y a la norteamericana. Según el abogado Idón Chavi, uno de los expertos consultados, “el estudio ha sido una especie de contrarrespuesta dignificante de la vida humana, que ubica al ser humano en un lugar de privilegio como persona, ciudadano y ser colectivo”.

El proyecto tipifica por primera vez los delitos de lesa humanidad, así como otros delitos para proteger la propiedad intelectual de los pueblos indígenas en la arquitectura, la farmacopea, la arbolaria y otras áreas. Igualmente se incluyen los delitos contra la Madre Tierra, bajo la forma de deberes de las personas, de los pueblos y de los Estados.

A la vista de estos enunciados cabría esperar una condena firme de los delitos contra la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, pero, lamentablemente, el proyecto penal retira toda protección legal al ser humano en las primeras doce semanas de estación. Chivi trata de explicar esa indefensión del concebido: “Si bien la figura del aborto se mantiene como un delito, pasa a ser un tema de salud pública cuando la madre decide suspenderlo por cualquier razón, dentro del plazo de las primeras 12 semanas de gestación”.

Creemos que esta explicación es totalmente sofista e incongruente con el proclamado propósito de dignificar a la vida humana. Bajo el absurdo pretexto de la “salud pública”, el proyecto otorga a la madre el derecho de vida o muerte sobre su hijo, quitándole toda protección en sus primeras 12 semanas, como si la vida humana fuese indigna en los primeros tres meses de vida.

Si este proyecto llegase a ser aprobado, entraría en contradicción con la misma CPE que tajantemente establece en el artículo 14, I.: “Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta constitución, sin distinción alguna”. Con ello se indica que las leyes si bien pueden regular las modalidades en cuanto a la capacidad jurídica, de ninguna manera pueden despojar del derecho a la vida a los seres humanos en razón de la edad, discriminación prohibida en el artículo 14, II.

Lo anterior se complementa con el artículo 15, I.: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte”. No olvidemos que el aborto, llamado eufemísticamente interrupción del embarazo, es un crimen abominable contra los infantes no nacidos, totalmente inocentes, a los que se considera reos de muerte y se les ejecuta, despedazándolos o envenenándolos según los diversos modos de aborto.

Además la misma CPE en el artículo 410, II; 2, reconoce a los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos humanos, ratificados por el país, como parte de la constitucionalidad boliviana. Entre estos convenios destaca el Pacto de San José de Costa Rica, suscrito por Bolivia, que claramente establece que todo ser humano es persona y que tiene derecho a que se respete su vida. “este derecho estará protegido por ley, y, en general, desde la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente” (Artículo 4).

Despojar al nasciturus del derecho a la vida en las primeras 12 semanas es una arbitrariedad injusta que no sólo desconoce la dignidad del ser humano desde la concepción sino que lo entrega en manos de inescrupulosos aborteros que ejecutarán ese crimen con toda frialdad y crueldad. Con ello también se degrada a la medicina, cuyo fin fundamental es defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural según el Juramento Hipocrático, base de la ética médica.

Por otra parte es totalmente contradictorio que haya grupos de feministas ultraliberales que, influenciadas por la ideología de género, incluyen dentro de los derechos sexuales y reproductivos el derecho de las madres a asesinar a sus propios hijos.

Se desconoce, además, que el pretendido derecho al aborto va en contra de la misma mujer, en la práctica muchas veces coaccionada e incluso obligada por el machismo social y cultural a abortar en el caso de un embarazo no esperado o deseado. Ella es la segunda víctima del infanticidio cometido que toda su vida cargará sobre su conciencia. También conviene recordar que en los países donde se ha legalizado el aborto, se sacrifica preferentemente a las bebitas por nacer, consideradas inferiores a los niños.